Los ciudadanos estamos azorados ante la decadencia del país, que se manifiesta en diversos aspectos de la vida nacional y en particular, en la degradación constante de nuestras  instituciones políticas y sociales.

Existe una violación sistemática de nuestra Constitución Nacional y de los principios del sistema republicano y federal que ella consagra.

No hay una adecuada división y equilibrio de los poderes, ya que el hiperpresidencialismo ha avanzado, ante la abdicación de las funciones de control tanto del Congreso como del Poder Judicial.

La independencia de los poderes, y en particular de éste último, se encuentra amenazada de manera particular, luego de las modificaciones efectuadas en el Consejo de la Magistratura , donde se ha roto el equilibrio en su integración previsto por la Ley Suprema.

Hay una democracia corporativa y delegativa de muy baja calidad institucional. 

En nuestro país se gobierna por decreto y por muy pocas personas, bajo el  oscuro manto de la emergencia, que sólo ha servido para la concentración autoritaria del poder tanto político como económico. 

Las violaciones del federalismo son similares, pues los recursos públicos han servido para centralizar el país, afectando las autonomías provinciales y municipales, además de la cooptación de Gobernadores e Intendentes de distinto signo político. Se atenta contra la Constitución al no sancionarse la ley convenio de coparticipación impositiva,

La agobiante incertidumbre que generan las falsas estadísticas oficiales, encargadas de medir los índices de desocupación, pobreza, marginalidad e inflación, ocultan el verdadero estado de situación de la economía argentina  impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades productivas. La sociedad sufre esa ruptura sin esperanzas, porque siente que le faltan las posibilidades reales de que se establezcan las políticas para estimular la producción, con un Congreso cautivo del Poder Ejecutivo que se niega a escuchar y a dialogar.